Las personas víctimas de espionaje investigaban violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la publicación en Ejército Espía
Como se denunció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la administración de Andrés Manuel López Obrador también hubo espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, de 2019 a 2021, con el uso del software Pegasus, de acuerdo con una investigación.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) encontró que cuando menos tres periodistas y defensores de los derechos humanos fueron espiados con ese software, por lo que estuvo expuesta información de mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajerías, libreta de contactos, notas, fotos, y cualquier archivo almacenado en el equipo.
Con ese malware –se añade– también se pudo tener acceso a las contraseñas guardadas en los teléfonos de las personas espiadas, activar el micrófono y la cámara de manera remota y “borrar cualquier rastro de la infección volviéndose casi indetectable”. Según esta investigación, en la que también participaron Articulo 19 México y Centroamérica y SocialTIC, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en colaboración con Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, se encontraron evidencias de que en el actual gobierno se operó el software Pegasus de espionaje a por lo menos tres personas. Te puede interesar: La información se hizo pública a través del portal “ ejercitoespia.r3d.mx ”, donde se recuerda que la empresa israelí creadora del software de espionaje, NSO Group, ha afirmado que solo vende sus productos a gobiernos. En el caso de México, existe evidencia de que el gobierno de López Obrador “sí ha suscrito contratos” con compañías vinculadas con la venta del malware Pegasus, advierte la investigación. Es el caso de Marco Antonio Suárez Cedillo, “quien aparece como representante legal de la empresa Diseños y Proyectos VME, que suscribió contratos y recibió pagos relacionados con Pegasus por parte del CISEN, la PGR y la SEDENA durante el sexenio pasado” y ahora se ostenta como representante legal de Comercializadora Antsua, proveedor desde diciembre de 2019 de un servicio de presunto “arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo”. Antsua es la firma autorizada por NSO Group para ofrecer Pegasus en México. Sin embargo, el contrato se encuentra reservado por cinco años (hasta 2024 en que termina el sexenio) bajo presuntas razones de seguridad nacional”. Además, se informa que el reciente hackeo del grupo Guacamaya presuntamente puso al descubierto que la Sedena adquirió un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” a Comercializadora Antsua, en abril de 2019, bajo el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019. “Contrario a las promesas del actual presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió durante este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México. Las evidencias también prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato", exponen los autores. Tras los elementos presentados, la investigación concluye que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México.
Los espiados De acuerdo con el reporte, en este sexenio se espió al defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Renato Ramos Vázquez, quien durante 20 años ha documentado violaciones graves a los derechos humanos en esa entidad y es presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; también al periodista y analista Ricardo Raphael y a un periodista del portal Animal Político.