Hacienda expresa ‘sorpresa’ y niega solicitud de préstamo al BID

Los programas sociales se pagan con recursos nacionales, afirma la SHCP.


La Secretaría de Hacienda negó que México haya solicitado un préstamo por 600 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque así lo indica el portal de internet de la institución multilateral.

El gobierno desconoció totalmente el trámite para solicitar el préstamo: “causa sorpresa que el BID, sin un documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con estos fines”.

En nota informativa, Hacienda afirma que medios utilizaron la información presentada en la página oficial del banco para afirmar que el gobierno de México busca recursos para fondear programas sociales, lo que calificó de “erróneo”.

El Gobierno Federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración.

La versión del gobierno federal es que esta administración ha reducido el uso de líneas crediticias por parte de la banca multilateral, “ya que el financiamiento neto ha sido 45% menor que las realizadas en los primeros cuatro años de la administración anterior y 80% menor que la realizada durante los primeros cuatro años de la administración 2007-2012”.

En la nota difundida, Hacienda dice que “nunca ha manifestado oficialmente interés en un proyecto como el citado por algunos medios”.

La principal fuente de financiamiento de México es el programa local. El financiamiento extraordinario proveniente de multilaterales sólo se utiliza cuando existe valor agregado a proyectos específicos.

La información del BID El Banco Interamericano de Desarrollo publicó datos del proyecto de préstamo con folio “ME-L1327”, que está en proceso de “preparación”.

El proyecto dice se buscan recursos para “Establecer las bases para mejorar la calidad del empleo en México mediante una mejor representación laboral; menor costo de la resolución de conflictos laborales; y mayores tasas de cobertura y menores costos de seguridad social”.

El proyecto por 600 millones de dólares no tiene documentos públicos ni se exponen detalles de qué dependencia nacional habría solicitado los recursos.

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